Alto Constitución: buscan frenar el desalojo de la administración
La jueza Sara García Marcote finalmente aseguró la permanencia de los feriantes en el lugar, pero resolvió el retiro de los administradores, al tiempo que autorizó al propietario la explotación de la feria. Aseguran que lo resuelto incumple el contrato entre las partes.
Luego que el juzgado N°12, a cargo de la jueza Sara García Marcote, resolviera el desalojo de Ideas del Atlántico S.A como administrador de la feria comunitaria Alto Constitución, los damnificados buscan frenar la medida, al tiempo que aseguran que lo resuelto incumple el contrato establecido para la explotación del espacio.
El inconveniente entre las partes (la administración Ideas del Atlántico S.A y el propietario del espacio, Marcelo Pincirolli) inició en abril de este año cuando, vencido el contrato de alquiler, se iniciaron las negociaciones para la renovación. “Entre idas y vueltas, no llegábamos a un acuerdo y en septiembre nos llega una orden de desalojo, planteando que debíamos entregar la propiedad libre de ocupantes y terceros. Es decir, debíamos vaciarla”, señaló a LA CAPITAL la administradora del espacio, Carla Dalia.
Finalmente, luego de interpuestos diversos recursos para evitar que quedaran en la calle los cerca de 200 trabajadores que se desempeñan en el lugar, la Justicia aseguró la permanencia de los feriantes en el edificio de Constitución 5680, pero ordenó el desalojo de la administración, aunque autorizó al propietario del espacio continuar con la explotación de la feria. Esto, indicaron, incumpliría cláusulas acordadas entre las partes.
“Por contrato está establecido que si nosotros nos retiramos, por cualquiera sea la causa, las instalaciones deben valuarse o retirarse. Como cualquiera que alquila un local que después lo va a dejar. Lo grave de esto es que, en la resolución, la jueza autoriza al dueño de la propiedad a seguir explotando la feria”, indicó Dalia.
Y agregó: “En mayo de 2007 recibimos la propiedad totalmente vacía, con techos deteriorados y sin piso, y nosotros invertimos mucho. Incluso ampliamos la construcción en casi 800 metros cuadrados. Hicimos una inversión millonaria. Si el negocio lo va a explotar, esa inversión debe ser valuada y devuelta”.
La resolución, que fue conocida hace al menos una semana, no impide hasta el momento el correcto funcionamiento de la feria. Interpuestos los recursos pertinentes, la resolución debe ser ratificada por la Justicia para volverse efectiva. En este sentido, Dalia aseguró que continuará apelando para revertir la situación.
“Nuestra intención inicial fue continuar con un contrato, llegando a un acuerdo en el valor del alquiler. Porque el conflicto se inició por eso, por una falta de acuerdo en un valor y nuestra intención fue acordar eso. Sin embargo, a la luz de lo ocurrido en los últimos meses y priorizando que los feriantes conserven sus puestos de trabajo, entendemos que la relación está dañada y más allá de nuestra intención siempre fue llegar a un acuerdo, queremos al menos que se reconozca lo establecido por contrato. Si el dueño de la propiedad quiere continuar con la explotación del espacio, que se valúe todo lo invertido”, señaló Dalia.
Detrás del conflicto, Dalia también destacó una defensa a lo que ha sido siempre el trabajo de su familia. “Mi papá fue el fundador de la primera feria comunitaria en Mar del Plata. Es el negocio de mi familia de toda la vida y yo lo pienso defender”, señaló.
A su vez, recordó que cuando su padre decidió alquilar el lugar, en mayo de 2007, Constitución no era lo que actualmente es. “Ahora creció muchísimo y la feria se convirtió en un punto de referencia. Cuando lo alquiló mi papá no había nada. Sé que el dueño tiene sus derechos y no los niego, pero no puede quedarse con el negocio que armamos y seguir explotándolo al otro día”, indicó.